ABC: A diez años de la tragedia, ¿qué sigue?

Hay que recuperar, mantener

y transmitir la memoria histórica,

porque se empieza por el olvido

y se termina en la indiferencia.

José Saramago   

Desde el 5 de junio de 2009, nada es igual cuando se habla de guarderías en Sonora y en México. Cuarenta y nueve cruces blancas y decenas de niñas y niños heridos enlutaron al país. Sin más: es un día de luto nacional. Diez años han pasado y las preguntas en torno a la tragedia continúan llenando expedientes en los tribunales, sin que hasta ahora se esclarezcan las responsabilidades de funcionarios que, por omisión o comisión, gestaron las condiciones de esta irreparable tragedia. Atestiguamos una década de impunidad, llena de dolor para las víctimas y quienes les han acompañado.

La resolución del caso sigue siendo un reclamo insustituible para garantizar el acceso a la justicia, la no repetición y aliviar parcialmente la devastadora herida. Pero independientemente de los resultados que arroje la conclusión del prolongado proceso judicial,  un hecho es incontrovertible: todas las deficiencias que ocurrieron en la Guardería ABC apuntan a la corresponsabilidad de las instituciones estatales como fallidos garantes de la seguridad, el desarrollo y los derechos de niñas y niños.

Las instituciones del Estado que alentaron el modelo de subrogación, a costa del declive de las estancias públicas permitieron que empresarios ligados al poder político vieran en el cuidado de la primera infancia un mercado más para saciar su infinita codicia. Las consecuencias recayeron en las y los usuarios del servicio, pero también evidenciaron las carencias del modelo imperante y advirtieron a la sociedad sobre las implicaciones de tolerar la corrupción y el abandono de los servicios públicos.

La indignación trajo consigo manifestaciones  solidarias y un movimiento social inusitado en la historia de Sonora. La Ley 5 de Junio fue la respuesta institucional a la demanda del movimiento de padres y madres que situó en la agenda pública nacional la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las guarderías. Pese a la nueva legislación, la subrogación continúa siendo el modelo de gestión prevalente.

El incendio de la Guardería ABC transformó nuestro imaginario sobre la importancia de tener espacios de primeros cuidados dignos y seguros, pero hemos sido incapaces de imaginar nuevos horizontes de política pública que llenen los vacíos vigentes. En México, los niveles de desatención en servicios educativos para niñas y niños de 0 a 3 años de vida alcanza al 98% de la matrícula, distanciando gravemente al país de pares como Brasil y Chile que tienen tasas de cobertura que rondan el 20%.  Los datos sugieren que el abuso del modelo de subrogación ha impedido una cobertura extendida, excluyendo a muchas mujeres del mercado laboral y dificultando la posibilidad de romper ciclos de desigualdad intergeneracional.

En este décimo aniversario, Sonora tiene la obligación moral y política de alzar la voz para plantear la urgente necesidad de transitar hacia un modelo de cuidados a la primera infancia en el que el Estado sea el garante de su servicio. En Desierto Común pensamos que el espíritu de la Ley 5 de Junio puede llevarnos a honrar la memoria de la infancia sonorense con la creación del mejor sistema de guarderías estatales del país.

Otras entidades federativas han tomado ya la iniciativa, como es el caso de Baja California que aprobó en el presupuesto 2019 que el 5% del impuesto a nóminas estatal que recauda alrededor de 3,454 millones de pesos se destine parcialmente a la creación del Programa Estatal de Guarderías en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal. Sonora debería seguir su ejemplo e ir más allá.

Según el estudio El contexto sociodemográfico de las mujeres en Sonora (2018) del Consejo Estatal de Población, Sonora contaba en el año 2015 con una población de 252,420 infantes en el rango de 0 a 4 años de edad. Frente a esa demanda de servicios de cuidados, la oferta ha escaseado. Actualmente, el porcentaje de mujeres trabajadoras que no cuentan con guardería aumentó de un 64.9% a 69.2% del año 2016 al 2017causa primigenia de que la Población Económicamente Activa (PEA) entre mujeres sonorenses sea del 33.8% frente a una PEA masculina del 63.7%  (Coespo-Sonora, 2015). Cada vez más familias sonorenses demandan servicios de educación infantil seguros y de calidad. Entre el año 2010 y 2015, la ocupación femenina caminó a un ritmo de 3%, mientras que la masculina fue del 0.9%. Ante esta recomposición de los hogares sonorenses, el Estado debe actuar para atender la creciente demanda de estancias infantiles.

Según cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, en Sonora existen actualmente un total de 387 guarderías, 261 de ellas privadas (67.4%) y 126 públicas (32.6%), estas últimas administradas en esquemas públicos y mixtos por Ayuntamientos, DIF Estatal y Municipales, ISSSTESON, IMSS, ISSSTE e incluso la Universidad de Sonora, entre otras entidades públicas. Asumiendo que cada una de estas estancias albergue 20 infantes en promedio, los 7,740 espacios resultantes apenas cubrirían el 3% de la demanda potencial de 252,420 niñas y niños en edad de recibir educación infantil, situando la cobertura apenas por encima del microscópico promedio nacional. Es apremiante atender a las miles de madres trabajadoras y sus infantes que padecen cotidianamente la desatención y abandono de este servicio público. Además incluso hemos sido testigos de retrocesos en relación con la cobertura del servicio. En el año 2014, el Gobierno de Sonora cerró 17 Centros de Atención Infantil Comunitarios subsidiados por el DIF de Sonora, desatendiendo la demanda de más y mejores servicios.  

El Ejecutivo Estatal  tiene la rectoría en la prestación y supervisión de los Centros de Desarrollo Integral Infantil. Creemos  que los esfuerzos han sido insuficientes y que el Gobierno del Estado y los municipios han fallado en la creación de un sistema coordinado y robusto de educación infantil.  Proponemos que, con independencia de que concurran los sectores público, privado y social en la prestación del servicio de guarderías en la entidad, se modernice el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Es necesario transformarlo en un Instituto de Cuidados de la Primera Infancia especializado en la provisión y supervisión de los programas y servicios educativos de esta. El mandato de este Instituto tendría como propósito garantizar el interés superior de la niñez sonorense universalizando el acceso a los satisfactores básicos como alimentación, salud y educación necesarios para su desarrollo.

Por su historia, identidad y recursos, el DIF cuenta con infraestructura y personal para transferir sus capacidades a esta noble empresa. Actualmente la institución tiene un presupuesto de 784 millones de pesos que serviría como base de la política de atención a la primera infancia que proponemos, esto sin considerar la estructura que podrían sumar los ayuntamientos con sus propios organismos. Por otra parte, aunado a nuestra propuesta de subir el impuesto a nóminas del 2.0% al 2.5% para financiar la implementación de un Plan Integral de Movilidad, estimamos que con una sobretasa de 25 a 50 puntos, que lleve este impuesto al rango de 2.75-3.0%, sería suficiente para financiar un programa de atención universal mixto de guarderías para todo el estado, privilegiando el crecimiento de la oferta pública de los centros donde las localidades y condiciones lo permitan, siendo complementado con esquemas mixtos rigurosos en el que no quepa el contubernio entre política y negocios.

Se cumplen 10 años desde el día en el que recibimos la noticia que sacudió nuestra cotidianidad y penetró la memoria colectiva de la sociedad mexicana. Sonora y, en particular, Hermosillo tiene una deuda irreparable con niñas, niños y padres que demandan servicios dignos de atención a la primera infancia. En Desierto Común nos solidarizamos en este aniversario luctuoso para recordar a 49 niñas y niños que no debieron morir. A ellos les dedicamos este modesto tributo. Aquí simplemente les entregamos un bosquejo en el que invitamos a una reflexión que construya por ellos y para las futuras generaciones políticas públicas que hagan de Sonora un orgullo nacional en atención a la primera infancia.

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